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  • Septiembre 29, 2010

  • El Gobierno de Estados Unidos está preparando un cambio de legislación tecnológica que le permitirá espiar las comunicaciones a través de redes sociales como Facebook o Twitter, servidores codificados como los de los teléfonos Blackberry y sistemas de llamada a través de la Red como Skype. Hasta la fecha, compañías como esas han quedado exentas de la obligación de adaptar sus servidores para permitir el espionaje por parte de las agencias del Gobierno, algo que sí se exige a compañías de telefonía fija y móvil y a empresas proveedoras de conexión a Internet.

    La Casa Blanca defiende un cambio en esas leyes aduciendo que hay un mayor número de terroristas que usan foros sociales de Internet y dispositivos que permiten cifrar mensajes para coordinar sus ataques. Esa reforma es algo que se ha sometido a debate en la última década, la de la generalización del uso de la Red, y que ha centrado numerosas reuniones entre la Agencia de Seguridad Nacional (encargada del espionaje), el Departamento de Justicia y el FBI, que en estos momentos debaten la forma en que se puede reformar la normativa.

    “Se trata de intercepciones legales y autorizadas”, explicó ayer la abogada general del FBI, Valerie Caproni, en un correo electrónico. “No se trata de expandir ninguna autoridad, sino de mantener la capacidad de las autoridades de velar por la seguridad nacional y pública”.

    La Administración del presidente Barack Obama busca enmendar la llamada Ley para la Asistencia de las Comunicaciones en el Orden Público, aprobada en 1994 con el apoyo del entonces presidente Bill Clinton y cuyo objetivo, según reza en su texto, es “comunicar a las operadoras de telecomunicaciones que es su deber cooperar con la intercepción de comunicaciones cuando se deba mantener el orden público y otros propósitos”. En principio, sus obligaciones sólo se aplicaban a las comunicaciones telefónicas: las empresas que las ofrecían debían tener los medios necesarios para que el Gobierno pudiera escuchar las comunicaciones de sus usuarios, previa orden judicial.

    En 2004, sin embargo, el Departamento de Justicia, la agencia antidroga norteamericana y el FBI exigieron a la Comisión Federal de Comunicaciones que ampliara los supuestos de espionaje a las nuevas comunicaciones tecnológicas y al tráfico de información sobre Internet. La Comisión así lo hizo, obligando a las empresas que presten conexión a Internet y telefonía IP (la tecnología que permite que se hagan llamadas a través de la Red) a que colaboren con las labores de espionaje de agencias como el FBI.

    Dada la creciente relevancia de las nuevas redes (Facebook tiene 500 millones de usuarios), el Gobierno de EE UU quiere tener la capacidad de espiar las comunicaciones sociales durante sus investigaciones de casos de terrorismo.

    También quiere tener acceso a formas de comunicación codificadas, como los mensajes enviados a través de los dispositivos Blackberry. Por último, quiere acceso indiscriminado a las comunicaciones p2p (de intercambio de archivos entre particulares) a través de programas como Skype. Ahora puede hacerlo, con orden judicial, pero las empresas que ofrecen esos servicios no están obligadas a disponer de la tecnología que permita el espionaje. El diario The New York Times fue el primero de informar de este cambio.

    Estados Unidos se unirá así a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e India, que el pasado verano le pidieron a Research in Motion (RIM), fabricante de BlackBerry, que les permitiera acceder a sus servidores por motivos de seguridad nacional. Nueva Delhi alega que los atentados terroristas de 2008 contra Bombay (en los que murieron 173 personas) fueron coordinados por terroristas que usaron este tipo de teléfonos.

    Las organizaciones de defensa de los derechos civiles ya han protestado por las intenciones de la Casa Blanca. “El Gobierno busca una nueva puerta de entrada trasera en todas nuestras comunicaciones”, dijo en un comunicado la organización privada Electronic Frontier Foundation, que ya presentó numerosas demandas en los tribunales por las leyes de espionaje. En este caso, sus abogados consideran que es especialmente grave el intento de interceptar las comunicaciones cifradas.

    “En los últimos 10 años, aun cuando el gobierno ha tratado de ampliar enormemente sus poderes de vigilancia, nunca ha intentado prohibir el desarrollo y la implantación de los sistemas de cifrado de comunicaciones. Ahora asume ese intento, siguiendo los pasos de regímenes como el de Emiratos Árabes Unidos, que recientemente ha dicho que algunas herramientas de privacidad son demasiado seguras y han de mantenerse fuera de las manos de civiles”, explica Setch Schoen, analista en tecnología de esa organización. “Esto es una receta para el desastre”.

    Cortesia de www.elpais.com